Linchamientos en Viacha y Pocoata: La creciente ola de justicia por mano propia en Bolivia

Dos casos de extrema violencia sacudieron al país este fin de semana y volvieron a poner en evidencia la profunda desconfianza de la población hacia las instituciones y la justicia boliviana.

En Viacha (La Paz), tres adolescentes de entre 15 y 18 años fueron acusados del asesinato de Johnny Alejo, un taxista de 33 años, cuyo cuerpo fue encontrado con heridas punzocortantes cerca del río Pallina. Los jóvenes fueron detenidos por la Policía, pero una turba enfurecida irrumpió en las dependencias de la FELCC, los sacó a la fuerza y los trasladó a la plaza principal, donde los golpearon.

En medio de la tensión, el padre de uno de los implicados intervino públicamente: golpeó a su propio hijo con un cinturón y un cable frente a la multitud como acto de castigo y pidió perdón a la familia de la víctima. Se comprometió a entregar una renta mensual para apoyar a la viuda y a los hijos del taxista (uno de ellos con discapacidad). Gracias a esta intervención y a la acción policial, los tres jóvenes lograron ser devueltos a las autoridades sin ser linchados.

Por otro lado, en Pocoata (Potosí), la situación fue mucho más grave. Tres jóvenes (de 22, 24 y 28 años) fueron acusados de robar un vehículo. Tras ser aprehendidos y trasladados al módulo policial, más de 100 personas irrumpieron violentamente, los sacaron de las celdas, los golpearon y los quemaron vivos.

¿Por qué la población ya no confía en la Policía y toma la justicia en sus manos?

Estos dos casos reflejan un patrón preocupante que se repite en varias regiones del país: la percepción de que los delincuentes son liberados rápidamente, que las investigaciones son lentas o inexistentes y que las penas no son ejemplarizadoras. Ante el aumento de la delincuencia organizada, robos violentos, asesinatos y sicariato, muchas comunidades sienten que la única forma de protegerse es actuando directamente.

Esta ola de “justicia comunitaria” extrema genera un círculo vicioso: mayor violencia, más miedo y menos confianza en las instituciones. Las autoridades han condenado estos hechos y la Fiscalía inició investigaciones, pero mientras no se logre recuperar la credibilidad del sistema judicial y se frene el avance del crimen organizado, es probable que sigan ocurriendo episodios similares.

Estos dramáticos sucesos ocurren en un contexto de convulsión social, bloqueos y crisis económica que agrava la sensación de inseguridad y abandono en muchas zonas de Bolivia.