La petrolera británica acusa al Estado boliviano de abuso de autoridad, incumplimiento de pagos y persecución judicial. Se abre un periodo de negociación de seis meses antes de ir a arbitraje internacional.
La empresa Shell Bolivia Corporation (SBC), filial de la multinacional Shell, notificó formalmente al Estado boliviano sobre el inicio de una disputa internacional por presuntas vulneraciones a sus derechos como inversor, amparada en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito entre Bolivia y el Reino Unido.
La notificación, enviada el pasado 5 de agosto, fue dirigida a la Procuraduría General del Estado, al presidente Luis Arce, a la canciller Celinda Sosa y al procurador Ricardo Condori. Con este paso, se abre un plazo de seis meses para llegar a una solución amistosa antes de que el caso escale a arbitraje internacional.
Acusaciones por pérdidas millonarias y daños morales
En su comunicado, Shell denuncia que YPFB y el Estado boliviano incurrieron en prácticas arbitrarias que generaron pérdidas económicas por cientos de millones de dólares, además de afectar su reputación. La empresa enumera al menos cinco vulneraciones clave:
- Abuso de autoridad en la administración de tres contratos de operación con YPFB.
- Anulación ilegal de un laudo arbitral favorable a Shell, emitido por un tribunal boliviano.
- Incumplimiento de pagos millonarios pactados contractualmente.
- Negativa a entregar documentación legal que eximía a la empresa de futuras responsabilidades.
- Venta sin autorización de crudo propiedad de Shell por parte de YPFB.
Shell también denuncia otras irregularidades como aplicación arbitraria de sanciones, errores en el cálculo de regalías e impuestos, y obstáculos para recuperar costos operativos reconocidos por auditorías.
Denuncias de persecución judicial y extorsión
Más allá del conflicto contractual, Shell acusa al Estado de haber incurrido en una “persecución maliciosa” contra cinco de sus empleados. La compañía asegura que los procesos judiciales fueron impulsados tras una denuncia penal sin sustento presentada en 2021 por Troya Constructores y su representante Jaime Núñez del Prado.
Shell sostiene que Núñez del Prado intentó extorsionar un pago de 20 millones de dólares por un contrato inexistente. Aunque la denuncia fue inicialmente desestimada, la Fiscalía habría reactivado imputaciones por estafa en 2022, lo que la empresa considera un uso indebido del sistema judicial para presionar a inversionistas extranjeros.
Posibles consecuencias para el Estado boliviano
Shell considera que las acciones del Estado constituyen violaciones al derecho internacional, específicamente al tratado que garantiza trato justo y protección frente a expropiaciones directas o indirectas.
La empresa opera en los bloques Caipipendi y Tarija XX Oeste, donde se ubica el campo Margarita, el mayor productor de gas natural de Bolivia. También participa en el proyecto de cierre y restauración de pozos en el campo La Vertiente.
Si no se alcanza un acuerdo durante el período de negociación, la disputa avanzará a arbitraje internacional, lo que podría derivar en sanciones económicas y daños reputacionales para Bolivia en los mercados globales.
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