Paz ordena custodia militar en plantas de YPFB tras denunciar sabotaje a la gasolina

El presidente Rodrigo Paz dispuso este lunes el despliegue de las Fuerzas Armadas en instalaciones estratégicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como parte de un paquete de medidas orientadas —según dijo— a frenar presuntos actos de sabotaje y asegurar la calidad del combustible distribuido en el país. En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario sostuvo que su administración recibió la empresa estatal en una situación crítica en los ámbitos administrativo, financiero y técnico. Afirmó además que existirían estructuras que habrían promovido acciones destinadas a generar inestabilidad.

Lo ocurrido hace algunas semanas con la calidad de la gasolina no fue un simple error técnico, fue un acto deliberado de sabotaje, aseguró.

De acuerdo con lo anunciado, el resguardo militar comenzó a las 06:00 de este lunes. El Ejecutivo argumenta que la medida busca proteger la infraestructura energética, respaldar al personal operativo y garantizar la soberanía energética. El objetivo, añadió el Presidente, es impedir cualquier interferencia técnica o administrativa que afecte el funcionamiento de la estatal.

Estamos actuando en defensa de la patria. Este resguardo de nuestras plantas estratégicas es en defensa, a su vez, de los buenos trabajadores de YPFB, para defender a nuestra empresa de las mafias y de la corrupción, sostuvo.

En el plano operativo, el Gobierno informó que desde el martes 3 de marzo se incorporarán aditivos antioxidantes a la gasolina. Según explicó, estos compuestos permitirán evitar la degradación del combustible, reducir residuos en los sistemas de inyección y optimizar el rendimiento de los motores. La autoridad aseguró que la medida no implicará ajustes en el precio final.

En ese sentido, el Ejecutivo anunció el fortalecimiento del mecanismo de compensación para conductores que reportaron daños vinculados a la calidad del combustible. El registro de casos se realizará con respaldo de bases oficiales como el B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT. Y se anticipó que se iniciarán procesos judiciales contra quienes resulten responsables, en caso de confirmarse los hechos denunciados.