Gobierno identifica daño de Bs 95,5 millones en Emapa

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó que la intervención realizada durante ocho días en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) permitió identificar un daño económico de 95,5 millones de bolivianos, una cifra que podría elevarse conforme se desarrollen las investigaciones, según informó la autoridad.

El presunto daño económico que tenemos en una semana es de 95 millones de bolivianos. Las acciones que vamos a tomar son concretas. Primero la denuncia penal contra los funcionarios de Emapa y también contra los privados que hubieran generado daño económico al Estado, indicó en conferencia de prensa.

El primer caso detectados corresponde a la instalación de una planta procesadora de papa en Chuquisaca, que generó un presunto perjuicio económico de alrededor de 41,4 millones de bolivianos. Según las autoridades, el daño estaría relacionado con la presentación de una póliza falsa por parte del contratista encargado del proyecto. La autoridad también informó que se pagaron 25,7 millones de bolivianos a la empresa contratista por la compra de maquinaria; sin embargo, los equipos permanecen retenidos en China, lo que genera el riesgo de que se pierdan.

La construcción de una planta piscícola en el lago Titicaca, en La Paz, constituye el segundo daño económico, estimado en 47 millones de bolivianos. De acuerdo con las autoridades, se desembolsó el 88,62% del presupuesto, pero solo se completó el 34,68% de la obra. Además, se identificó un presunto perjuicio de 148.000 bolivianos relacionado con la compra de alimentos balanceados, que ya se encuentran vencidos.

El tercer caso corresponde a un proyecto de siembra de maíz en Ascensión de Guarayos (Santa Cruz) y San Borja (Beni), donde se habían planificado 1.200 hectáreas. Según el informe, solo se cultivaron 175 hectáreas, a pesar de que ya se había pagado en su totalidad el servicio, por un monto total de 6 millones y medio de bolivianos.

El cuarto caso se trata de un pago irregular de 484.000 bolivianos por el alquiler de maquinaria para la preparación de suelos y la siembra en los municipios de Ixiamas y San Buenaventura. Servicio que, según los productores, nunca se prestó.