Aduana descalifica denuncia contra Dorgathen y la atribuye a una “venganza” de exfuncionarios

La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, aseguró que la denuncia presentada contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por presunto contrabando, carece de sustento legal y fue impulsada por exfuncionarios despedidos como un acto de “venganza”.

Denuncia y orden de aprehensión

El caso se conoció luego de que un fiscal de Yacuiba emitiera una orden de aprehensión contra Dorgathen, tras la denuncia de dos supuestos funcionarios de Aduana Frontera.
La acusación hacía referencia a una presunta exportación irregular de combustibles, pero Serrudo aclaró que no hubo contrabando y que el proceso fue completamente legal.

Aduana responde: “No hay irregularidades”

Serrudo explicó que los denunciantes fueron desvinculados de la institución la mañana del 6 de octubre, y que presentaron la denuncia horas después de ser despedidos.

“Esto fue una represalia, una venganza. No existe ninguna irregularidad y la exportación fue completamente legal”, afirmó.

Añadió que los exfuncionarios no tenían poder legal para actuar en nombre de la Aduana y que solo la presidencia de la institución está facultada para interponer denuncias.

Exportación bajo norma vigente

Según la titular de la Aduana, el trámite observado se enmarca en un decreto de 2005, que permite exportar combustibles sin autorización previa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), siempre que el contrato esté vigente y validado.
YPFB, por su parte, informó que la operación está amparada por un contrato por 14 millones de dólares, por lo que no existió desvío de producto ni daño económico.

“Se denunciaron a sí mismos”

Serrudo calificó el hecho como una “polémica sin sentido”, destacando que los propios exfuncionarios que denunciaron el caso fueron quienes autorizaron la exportación.

“Es paradójico, porque ellos mismos dieron la autorización. Es decir, se denunciaron a sí mismos”, puntualizó.

Mientras tanto, desde YPFB confirmaron que Armin Dorgathen se encuentra en Bolivia y que se someterá al proceso en cuanto sea citado oficialmente por el Ministerio Público.