2 de febrero de 2026

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Gobierno denuncia a ex presidenta de la Aduana por presunto sobreprecio en Tarija

El Viceministerio de Transparencia formalizó una denuncia por presuntas irregularidades en la compra de un terreno y la construcción del edificio de la Aduana Nacional en Tarija, hechos atribuidos a la gestión de Karina Serrudo. Según la acusación, el posible daño económico superaría los 10 millones de bolivianos y el caso ya fue admitido, encontrándose en fase de análisis e investigación.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la denuncia contempla los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La expresidenta de la Aduana Nacional fue denunciada por la comisión de presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, considerando que la afectación que se estima preliminarmente supera los 10 millones de bolivianos, informó García en conferencia de prensa.

De acuerdo con el Viceministerio, la Aduana Nacional concretó la adquisición del terreno por un monto de Bs 2.770.000, pese a existir una alternativa económica menor, valuada en 1.800.000 bolivianos. “La diferencia entre ambos era prácticamente un millón. La Aduana Nacional decidió adjudicar el terreno a la propuesta económica más alta, pese a que este terreno ni siquiera cumplía con las condiciones técnicas, legales ni registrales necesarias para el proyecto”, añadió.

En un segundo proceso, se observó un proyecto de inversión valuado en cerca de 23 millones de bolivianos, en el que se detectaron presuntas inconsistencias en los costos. Entre ellas, se habría fijado el precio del metro cuadrado en alrededor de mil dólares, pese a que el valor de mercado estimado era de aproximadamente 300 dólares, lo que derivaría en un posible sobreprecio cercano a los nueve millones de bolivianos, según la autoridad.

La autoridad señaló que el Ministerio Público dio curso a la denuncia y que la investigación involucra a tres personas, incluida la ex presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo Miranda, junto a los representantes legales del propietario del terreno y del socio accidental Guadalquivir.