Un tribunal boliviano ordenó este martes medidas diferenciadas para los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, procesados por la crisis política de 2019. Mientras el gobernador suspendido de Santa Cruz cumplirá detención domiciliaria, el ex dirigente de Potosí obtuvo libertad plena tras más de dos años en prisión.
El fallo judicial
De acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso levantar las medidas de prisión preventiva contra ambos ex cívicos.
- Luis Fernando Camacho, investigado en el caso “golpe de Estado I”, pasará a arresto domiciliario con salidas laborales, restricción de movimiento fuera de Santa Cruz, presentación quincenal ante la Fiscalía y el pago de una fianza de 100.000 bolivianos.
- Marco Pumari recibió una orden de “libertad pura y simple”, lo que implica su inmediata excarcelación, pendiente solo de trámites administrativos en Potosí.
Contexto del caso
El proceso conocido como “golpe de Estado I” se inició en 2020, tras la denuncia de una exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), que acusó a Camacho y Pumari de haber liderado las protestas postelectorales que derivaron en la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.
El oficialismo sostiene que aquellos hechos constituyeron un “golpe de Estado”, mientras que la oposición mantiene que se trató de una reacción ciudadana frente a un fraude electoral en las elecciones anuladas de ese año.
En este caso también figuraba la expresidenta Jeanine Áñez, pero en 2024 fue apartada del proceso al comprobarse que ya había sido juzgada en el denominado “golpe de Estado II”, por el que cumple una condena de 10 años de prisión ratificada en 2023.
Repercusiones políticas y judiciales
La decisión judicial coincide con recientes fallos a favor de Áñez, incluida la anulación del juicio ordinario por el caso Senkata, lo que ha reavivado el debate sobre la independencia del poder judicial en Bolivia.
Mientras sectores opositores celebran estas resoluciones como un avance hacia el respeto a los derechos procesales, el MAS y el Gobierno de Luis Arce insisten en que los responsables de la crisis de 2019 deben ser juzgados por “atentar contra la democracia”.
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