Bolivia arriesga su riqueza de litio sin reglas claras

La urgencia por obtener recursos inmediatos lleva al Gobierno a cerrar acuerdos con una empresa rusa y otra china en medio de un marco legal incierto y posibles sanciones internacionales que complicarían las transacciones.

En medio de una coyuntura crítica para la economía boliviana, el litio emerge como la última gran esperanza para capitalizar uno de los recursos naturales más valiosos del país. Sin embargo, expertos como el analista Óscar Villanueva López, advirtieron que la actual gestión gubernamental está actuando de manera precipitada y sin una regulación clara, lo que podría comprometer el desarrollo sostenible de esta industria estratégica.
Villanueva López, en entrevista con EL DIARIO, recordó que, al igual que en la llamada “Guerra del gas”, el problema principal radicó en normativas obsoletas que no respondían a las necesidades comerciales ni sociales del Estado. Hoy, la situación se repite con el litio, donde “estamos actuando a la desesperada, tratando de vender las últimas joyas que nos quedan, rifando nuestra última gran posibilidad de recurso importante que se conoce hasta ahora”.
El Gobierno, presume Villanueva, impulsa contratos con empresas chinas y rusas bajo la presión de obtener capital inmediato para paliar la crisis económica, pero sin garantías claras ni reglamentación adecuada. “Ese dinero muchas veces no será invertido en el litio, sino en comprar gas para enfrentar la crisis”, advirtió el analista, señalando que los contratos, especialmente el firmado con la empresa rusa Uranium One Group, carecen de transparencia y seguridad jurídica.

SANCIONES A RUSIA:
Esta situación se agrava por el contexto geopolítico. Las sanciones internacionales contra Rusia, como la exclusión de sus bancos del sistema Swift, complican las transacciones financieras y limitan la capacidad de Bolivia para operar con empresas rusas sancionadas.
“Negociar con empresas proscritas por Estados Unidos es como tratar con piratas”, explicó Villanueva al Decano de la Prensa Nacional, lo que podría convertir los recursos en “dinero sucio” y generar conflictos legales y financieros.
Además, la ausencia de una normativa clara y contratos bien definidos pone en riesgo la industrialización del litio, un objetivo que Bolivia se ha planteado para 2025 con la meta de producir 1.000 toneladas de carbonato de litio grado batería y consolidar su posición en el mercado internacional. Aunque la falta de reglas claras y la prisa por vender podrían arruinar las posibilidades de desarrollo a largo plazo.
El analista critica que en ningún país serio se venden recursos estratégicos de manera apresurada para resolver problemas inmediatos. “El Gobierno quiere salvar el hoy arruinando el mañana”, sentenció.
En contraste, Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo y ha iniciado esfuerzos para implementar tecnologías innovadoras de extracción directa (EDL), que permitirían aumentar la producción y diversificar productos derivados, consolidando el litio como un pilar económico en los próximos años.

LO QUE DICE EL GOBIERNO:
Tras la controversia en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde la oposición y evistas rechazan los contratos de litio, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, señaló que la firma de los contratos es necesario para que Bolivia aproveche los precios del litio que a partir del 2032 tendrán un alza.
La autoridad señaló que en caso de aprobarse los contratos de litio en la ALP la construcción y puesta en marcha de las plantas demorará entre cinco a seis años, por lo que, si no existen contratiempos, pueden estar en funcionamiento cuando mejoren los precios del litio, según Gallardo.
Por su parte, el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, advirtió que el país ha avanzado en el proyecto de industrialización del litio sin contar con información técnica ni planificación adecuada.