EnLinea17 Noticias – 10/09/26: El acuerdo técnico alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente 1.900 millones de dólares no solo trae financiamiento externo. También consolida una hoja de ruta de reformas fiscales en la que la eliminación progresiva de las subvenciones generalizadas a los combustibles aparece como uno de los ejes centrales, con 2027 como año clave de transición.
El programa de 36 meses, anunciado a finales de julio y actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa, busca restablecer la sostenibilidad de las cuentas públicas, recuperar reservas internacionales y estabilizar la economía. En este marco, el Gobierno ha avanzado en la racionalización del gasto en carburantes, una de las partidas que más presión generó sobre el déficit fiscal y las reservas de divisas en los últimos años.
Un dato interesante ayuda a entender la magnitud del problema: durante años el Estado destinó miles de millones de dólares a mantener precios artificialmente bajos. Parte de ese combustible terminaba en el contrabando hacia países vecinos, donde se vendía a precios de mercado. Es decir, el bolsillo de todos los bolivianos financiaba, en buena medida, un negocio ilegal que vaciaba las estaciones de servicio y las reservas del país.
Actualmente, mediante el Decreto Supremo 5652, los precios de la gasolina especial (Bs 6,96) y del diésel (Bs 9,80) permanecen congelados hasta enero de 2027 para dar un periodo de ajuste. A partir de esa fecha, el esquema cambia: los precios se calcularán con una fórmula que incorpora el valor internacional del combustible y el tipo de cambio oficial. En la práctica, esto significa que la subvención generalizada tiende a desaparecer y el precio interno se acerca más al costo real de importación.
El Gobierno ha señalado que los recursos del FMI y de otros organismos no se destinarán a seguir subsidiando combustibles, sino a estabilizar la economía y a obras de infraestructura. Paralelamente, se mantiene un esquema diferenciado: los grandes consumidores industriales ya pagan precios más cercanos al mercado, mientras se intenta proteger a transportistas y pequeños productores con cupos limitados a precio regulado.
La medida genera debate. Sectores productivos y sociales advierten sobre el impacto en los costos de transporte y alimentos, mientras el Ejecutivo sostiene que mantener la subvención generalizada es insostenible y alimenta el desabastecimiento. Lo claro es que 2027 se perfila como el punto de inflexión: el año en que Bolivia dejará atrás décadas de precios subsidiados generalizados y pasará a un sistema más alineado con los costos reales del mercado internacional.
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